@exelfuturo Españoles por el futuro ha enviado un mensaje a todos los Diputados, advirtiéndoles que podrían estar cometiendo un delito por no denunciar a los cinco miembros del Gobierno que también son Diputados #congreso #corrupcion #decadencia
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Españoles por el futuro ha enviado un mensaje a todos los Diputados, advirtiéndoles que podrían estar cometiendo un delito por no denunciar a los cinco miembros del Gobierno que también son Diputados
Cuando en un Estado miembro de la Unión Europea (UE) se infringe el derecho de la Unión o se perjudica los intereses financieros europeos, se puede movilizar a las instituciones de la UE de varias formas.
La forma que publicita la propia Unión Europea consiste en denunciar al Estado miembro en la Secretaría General de la Comisión Europea, dirigida por el propio Presidente de la Comisión Europea.
Españoles por el futuro ha denunciado a Aitor Cubo Contreras, Director de Transformación Digital de la Administración de Justicia por intervenir varias denuncias contra el Gobierno, cometiendo un delitos continuado de obstrucción a la justicia y prevaricación omisiva.
Manos Limpias ha conseguido ganar a la corrupción, de la mano de Miguel Bernad, a pesar de que la corrupción le ingresó en prisión para destruir a ambos.
El 15 de abril de 2016, Miguel Bernad, fundador y Secretario General de Manos Limpias, fue ingresado en prisión por un abuso judicial.
Españoles por el futuro ha trasladado los dos escritos a la Unión Europea a los Diputados del Congreso, solicitando las mismas acciones.
El texto enviado es el siguiente:
Españoles por el futuro ha pedido a otros cuatro gobiernos de la Unión Europea que expliquen la verdad sobre la pandemia y sobre la inexistente emergencia climática, respaldando sus peticiones en la UE.
El 22 de diciembre de 2021 finalizó el plazo que tenía el Gobierno español para presentar la actualización de los planes hidrológicos para Canarias en cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE que es una norma marco sobre la gestión del agua y la Directiva 2007/60/CE sobre riesgos de inundación que deben ser actualizados y comunicados a la Comisión Europea cada seis años y forman parte del Pacto Verde Europeo.
